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<\/figure>\nRechazados los vetos, las normativas fueron promulgadas en el Bolet\u00edn Oficial pero con la condici\u00f3n para su ejecuci\u00f3n que el Congreso precise c\u00f3mo solventarlas<\/h5>\n
Los decretos 759\/2025 y 760\/2025 enfatizan que el Congreso no especific\u00f3 c\u00f3mo financiar las leyes.<\/p>\n
Como ocurri\u00f3 con la ley de Emergencia en Discapacidad,\u00a0este martes el gobierno nacional promulg\u00f3 las leyes<\/strong>\u00a027.795 y 27.796,\u00a0de Emergencia Pedi\u00e1trica y Financiamiento universitario<\/strong>\u00a0respectivamente, pero dej\u00f3\u00a0en suspenso su aplicaci\u00f3n hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento<\/strong>\u00a0e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto.<\/p>\n La decisi\u00f3n fue\u00a0oficializada en el Bolet\u00edn de este martes con los decretos 759\/2025 y 760\/2025<\/strong>\u00a0en los que\u00a0se enfatiza que el Congreso de la Naci\u00f3n no especific\u00f3 de manera fehaciente la fuente de financiamiento para las erogaciones que implican ambas leyes, incumpliendo lo dispuesto por la ley 24.156.<\/p>\n La ley de Financiamiento Universitario<\/strong>, sancionada tras la insistencia del Congreso pese al veto presidencial previo,\u00a0apunta a sostener las casas de estudio p\u00fablicas de todo el pa\u00eds<\/strong>. Uno de los puntos centrales de la ley es la\u00a0actualizaci\u00f3n autom\u00e1tica de los gastos de funcionamiento<\/strong>\u00a0que deber\u00e1n ajustarse bimestralmente seg\u00fan la variaci\u00f3n del \u00cdndice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estad\u00edstica y Censos (Indec).<\/p>\n El decreto detalla que, entre el 1\u00b0 de mayo y el 31 de diciembre de 2024, la variaci\u00f3n del IPC fue del 34,89 %, lo que implica un costo adicional estimado de $123.358.213.085 para el ejercicio en curso. Para el a\u00f1o 2025, el costo total estimado de la ley asciende a $1.069.644.600.000, mientras que para 2026 se proyecta en $2.008.377.852.000.<\/p>\n En materia salarial, la ley ordena que los sueldos del personal docente y no docente se actualicen en un porcentaje no inferior al IPC para el per\u00edodo comprendido entre diciembre de 2023 y la sanci\u00f3n de la ley. Al respecto, el Gobierno argumenta que, en ese lapso, los salarios aumentaron un 128,49 %, mientras que la inflaci\u00f3n acumulada fue del 220,45 %. Por lo tanto, seg\u00fan calcul\u00f3 Infobae,\u00a0para equiparar los salarios con la inflaci\u00f3n, se deber\u00eda otorgar un incremento del 40,25 % sobre los b\u00e1sicos liquidados en julio de 2025.<\/strong>\u00a0Adem\u00e1s, la norma dispone que todas las sumas no remunerativas y no bonificables que percibe el personal sean incorporadas a los salarios b\u00e1sicos, lo que representa un aumento adicional del 37,55 % para el personal no docente de determinadas categor\u00edas, con un costo estimado de $178.984.054.000 en 2025 y $490.459.716.000 en 2026.<\/p>\n La ley tambi\u00e9n establece la recomposici\u00f3n y actualizaci\u00f3n autom\u00e1tica de los programas de becas estudiantiles, que deber\u00e1n ajustarse seg\u00fan la variaci\u00f3n del IPC desde diciembre de 2023 hasta la sanci\u00f3n de la ley. El cr\u00e9dito vigente en 2025 para la promoci\u00f3n de carreras estrat\u00e9gicas asciende a $33.041.929.460.\u00a0La actualizaci\u00f3n de las partidas para cumplir con esto implicar\u00eda un costo estimado de $72.840.933.495, para el Programa de Becas Estrat\u00e9gicas Manuel Belgrano y $76.614.000.000, para el Programa de Becas Progresar<\/strong>.<\/p>\n Por otro lado, la ley de\u00a0Emergencia Pedi\u00e1trica<\/strong>, con el hospital Garrahan como emblema, busca garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios de salud pedi\u00e1trica; asegurar el funcionamiento de hospitales p\u00fablicos de atenci\u00f3n infantil; y fortalecer los sistemas de residencias m\u00e9dicas.<\/p>\n Entre sus puntos principales,\u00a0establece la asignaci\u00f3n prioritaria de recursos para insumos cr\u00edticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial, as\u00ed como la recomposici\u00f3n inmediata de los salarios<\/strong>\u00a0del personal de salud que atiende a la poblaci\u00f3n pedi\u00e1trica. Adem\u00e1s, prev\u00e9 la exenci\u00f3n del impuesto a las ganancias para quienes realicen actividades cr\u00edticas, horas extras y guardias en efectores p\u00fablicos y privados.<\/p>\n El costo fiscal estimado para la implementaci\u00f3n de esta legislaci\u00f3n asciende a $196.270.000.000<\/strong>, una cifra que,\u00a0seg\u00fan el decreto, supera ampliamente la capacidad presupuestaria actual del ministerio de Salud<\/strong>, que presenta un d\u00e9ficit de $102.400.000.000.<\/p>\n De esta manera, el Ejecutivo advierte que una reasignaci\u00f3n de recursos de esa magnitud equivaldr\u00eda al 30 % del total de subsidios para medicamentos y tecnolog\u00eda sanitaria y al 60 % del presupuesto del programa de prevenci\u00f3n de VIH-Sida.<\/p>\n \u00a0Rechazados los vetos, las normativas fueron promulgadas en el Bolet\u00edn Oficial pero con la condici\u00f3n para su ejecuci\u00f3n que el Congreso precise c\u00f3mo solventarlas Los decretos 759\/2025 y 760\/2025 enfatizan que el Congreso no especific\u00f3 c\u00f3mo financiar las leyes. 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