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\u200b<\/span><\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Por Jorge Kerz (*)<\/p>\n \u00a0<\/p>\n En los \u00faltimos d\u00edas ha tomado estado parlamentario y p\u00fablico un proyecto legislativo orientado a restringir -o directamente prohibir- el uso de tel\u00e9fonos celulares en las escuelas de Entre R\u00edos. A primera vista, podr\u00eda parecer una iniciativa razonable frente a problemas reales: distracciones en el aula, fen\u00f3menos de ciberacoso, exposici\u00f3n a riesgos digitales. Sin embargo, una mirada m\u00e1s detenida revela que el problema no reside tanto en el contenido de la propuesta como en su encuadre institucional; all\u00ed es donde la iniciativa se vuelve, en t\u00e9rminos estrictos, improcedente.<\/p>\n La arquitectura institucional que se ignora<\/strong><\/p>\n Entre R\u00edos posee una singularidad institucional que no es menor ni decorativa: su Constituci\u00f3n establece que la pol\u00edtica educativa se implementa a trav\u00e9s del Consejo General de Educaci\u00f3n (CGE), concebido como un organismo aut\u00f3nomo. Esta autonom\u00eda no es un tecnicismo jur\u00eddico, sino una decisi\u00f3n pol\u00edtica de fondo: sustraer la conducci\u00f3n educativa de las l\u00f3gicas coyunturales del poder pol\u00edtico centralizado y depositarla en un \u00f3rgano espec\u00edfico, con capacidad t\u00e9cnica, estabilidad de los miembros del Consejo (designados con acuerdo del Senado) y pluralidad.<\/p>\n Ese dise\u00f1o se expresa tambi\u00e9n en su car\u00e1cter colegiado. El CGE no es un ministerio unipersonal, sino un cuerpo integrado por cinco miembros: un presidente y cuatro vocales, uno de los cuales representa a la docencia a trav\u00e9s de un mecanismo electivo. Esta arquitectura institucional no es casual, ya que busca introducir deliberaci\u00f3n, equilibrio y representaci\u00f3n en la toma de decisiones educativas.<\/p>\n Ahora bien, esta virtud estructural convive hoy con tensiones evidentes. Resulta dif\u00edcil sostener la plenitud de la autonom\u00eda del CGE cuando, en la pr\u00e1ctica, se observan mecanismos de subordinaci\u00f3n que la erosionan. La necesidad, por ejemplo, de solicitar autorizaci\u00f3n al Ministerio de Hacienda y Finanzas para decisiones b\u00e1sicas (como designaciones o ejecuci\u00f3n de recursos) constituye un ejemplo claro. Un organismo constitucionalmente aut\u00f3nomo no solicita permiso al Ministerio de Hacienda para designar a sus propios funcionarios, ya que es plena autoridad de nombramiento y de ejecuci\u00f3n de los recursos otorgados presupuestariamente. Este solo hecho describe, con m\u00e1s elocuencia que cualquier an\u00e1lisis, el grado de subordinaci\u00f3n al que lleg\u00f3 a ser reducido.<\/p>\n El problema de fondo: la inflaci\u00f3n legislativa en materia educativa<\/strong><\/p>\n Existe una l\u00f3gica pol\u00edtica que, ante cada problema social emergente, tiende a responder con una ley. Es comprensible como impulso, ya que legislar da visibilidad, genera la ilusi\u00f3n de acci\u00f3n y permite decir \u00abalgo se hizo\u00bb aunque esta l\u00f3gica puede llegar a resultar institucionalmente da\u00f1ina cuando invade esferas que corresponden a otros \u00f3rganos.<\/p>\n A esa l\u00f3gica se suma otra, igualmente distorsionadora y pocas veces se\u00f1alada con claridad: la del ranking legislativo. Cada a\u00f1o, los medios de comunicaci\u00f3n suelen publicar relevamientos sobre cu\u00e1ntos proyectos present\u00f3 cada diputado o senador. Ese dato se convierte, en la pr\u00e1ctica, en un indicador de \u00abproductividad\u00bb parlamentaria, cuando en realidad mide otra cosa: la capacidad de generar papel con membrete legislativo. El resultado previsible es una carrera por la cantidad, no por la calidad. Los legisladores presentan proyectos para blindarse ante la cr\u00edtica, para aparecer en esa lista, para que nadie pueda se\u00f1alarlos como inactivos. Las preguntas que nadie formula podr\u00edan ser: \u00bfes ese proyecto necesario?, \u00bfresuelve algo que no estaba ya resuelto?, \u00bfinvade competencias ajenas? Esas preguntas quedan sin explicitarse a causa del volumen y del no tratamiento parlamentario.<\/p>\n Esta din\u00e1mica tiene consecuencias concretas sobre la calidad institucional. Una sociedad con exceso de leyes no es una sociedad mejor ordenada: es una sociedad en la que la norma pierde peso, la seguridad jur\u00eddica se debilita y la superposici\u00f3n regulatoria genera m\u00e1s confusi\u00f3n que claridad. Como se\u00f1al\u00f3 brillantemente Montesquieu, las leyes in\u00fatiles debilitan a las necesarias. M\u00e1s leyes no equivale a m\u00e1s justicia, m\u00e1s orden ni m\u00e1s protecci\u00f3n; con frecuencia equivale exactamente a lo contrario.<\/p>\n El sistema educativo argentino cuenta con marcos normativos suficientes: la Ley de Educaci\u00f3n Nacional y la Ley de Educaci\u00f3n Provincial que establecen los principios, objetivos, estructura y valores que deben guiar la ense\u00f1anza y el aprendizaje. Todo lo dem\u00e1s (los contenidos espec\u00edficos, las prioridades pedag\u00f3gicas, las pr\u00e1cticas de aula, las prioridades institucionales) es responsabilidad de la autoridad educativa competente: en el caso de Entre R\u00edos, el CGE.<\/p>\n Desde esta perspectiva, resulta evidente la improcedencia de una larga serie de iniciativas legislativas que han proliferado en los \u00faltimos a\u00f1os: leyes de \u00abeducaci\u00f3n ambiental\u00bb, leyes de \u00abeducaci\u00f3n financiera\u00bb, leyes sobre el uso de tel\u00e9fonos en la escuela (y podr\u00edamos estar a la espera de una ley sobre protocolos ante amenazas o de \u201ceducaci\u00f3n digital\u201d aunque existan resoluciones en el CGE al respecto) y tantas otras. Todas ellas comparten el mismo vicio de origen: pretenden legislar sobre prioridades educativas y pedag\u00f3gicas que corresponden, en Entre R\u00edos y por definici\u00f3n institucional, al \u00f3rgano aut\u00f3nomo encargado de la pol\u00edtica educativa. No es que los temas sean irrelevantes (todos son de genuina importancia), sino que la v\u00eda legislativa es el instrumento equivocado para abordarlos. Cada nueva ley de este tipo es, en los hechos, una usurpaci\u00f3n silenciosa de las competencias del CGE.<\/p>\n La regulaci\u00f3n del uso de dispositivos en el aula, en particular, forma parte del n\u00facleo operativo de la pr\u00e1ctica pedag\u00f3gica. Implica decisiones sobre did\u00e1ctica, convivencia escolar, autoridad docente, criterios institucionales y contextos espec\u00edficos. Es, por lo tanto, una materia t\u00edpicamente administrativa y pedag\u00f3gica, no legislativa. Pretender normarla por ley implica desconocer la existencia misma del CGE o, peor a\u00fan, vaciarlo de contenido.<\/p>\n D\u00f3nde est\u00e1n los problemas reales y qui\u00e9nes deben resolverlos<\/strong><\/p>\n El debate sobre los celulares en las escuelas tiene el m\u00e9rito involuntario de poner sobre la mesa problemas genuinos que, sin embargo, exceden ampliamente la competencia del Poder Legislativo provincial y, m\u00e1s a\u00fan, la del sistema escolar en s\u00ed mismo.<\/p>\n Lo que s\u00ed debe se\u00f1alarse como una omisi\u00f3n particularmente significativa es la responsabilidad del propio sistema educativo y, en el caso de Entre R\u00edos, del Consejo General de Educaci\u00f3n, en materia de alfabetizaci\u00f3n digital. En el contexto contempor\u00e1neo, resulta conceptualmente insuficiente continuar sosteniendo como eje exclusivo la alfabetizaci\u00f3n tradicional entendida como lectoescritura, aun cuando \u00e9sta contin\u00fae siendo un componente indispensable. La formaci\u00f3n b\u00e1sica exige hoy, de manera simult\u00e1nea e integrada, el desarrollo de competencias vinculadas al ecosistema tecnol\u00f3gico: conocimiento sobre el funcionamiento de los algoritmos, valoraci\u00f3n cr\u00edtica sobre las redes sociales, comprensi\u00f3n de los mecanismos de captura de la atenci\u00f3n y de generaci\u00f3n de dependencia, as\u00ed como el desarrollo de capacidades de uso aut\u00f3nomo, responsable y reflexivo de herramientas digitales que abarcan desde entornos l\u00fadicos hasta sistemas de inteligencia artificial.<\/p>\n No se trata, por lo tanto, de sustituir un tipo de alfabetizaci\u00f3n por otro, sino de asumir que ambas dimensiones constituyen hoy un n\u00facleo indivisible de la formaci\u00f3n ciudadana. La ausencia de esta perspectiva no puede ser suplida mediante una nueva ley. Por el contrario, se inscribe de lleno en el campo de las competencias propias del \u00f3rgano rector de la pol\u00edtica educativa. En el caso de que el Consejo General de Educaci\u00f3n implemente o eval\u00fae el desarrollo de estrategias sistem\u00e1ticas de alfabetizaci\u00f3n digital, el problema no ser\u00eda normativo, sino de gesti\u00f3n, de capacidades institucionales y, en \u00faltima instancia, de responsabilidad de los funcionarios del \u00e1rea educativa. Pretender resolver una eventual carencia de este tipo mediante legislaci\u00f3n implicar\u00eda, nuevamente, desplazar el foco: del \u00e1mbito donde la cuesti\u00f3n deber\u00eda ser efectivamente abordada hacia un terreno donde s\u00f3lo puede ser declamado.<\/p>\n Luego tenemos el rol de las familias y de los adultos responsables. La relaci\u00f3n de ni\u00f1as, ni\u00f1os y j\u00f3venes con las redes sociales y los dispositivos digitales no se construye ni se destruye en el aula. Se forma, en much\u00edsimos casos, en los hogares. La responsabilidad de las familias en la crianza digital \u2014en la construcci\u00f3n de h\u00e1bitos, l\u00edmites, sentido cr\u00edtico y uso responsable de las tecnolog\u00edas\u2014 es anterior, m\u00e1s profunda y determinante que cualquier regulaci\u00f3n escolar. Abordar el problema de los celulares sin interpelar a las familias es tratar el s\u00edntoma, ignorando una de sus causas principales.<\/p>\n En tercer lugar, debemos hacer visible la responsabilidad de las empresas tecnol\u00f3gicas. Este es, quiz\u00e1s, el eje m\u00e1s relevante que el debate p\u00fablico sistem\u00e1ticamente omite. Las plataformas digitales y redes sociales no son neutrales: est\u00e1n dise\u00f1adas deliberadamente para maximizar el tiempo de uso, la atenci\u00f3n y la dependencia de los usuarios. Sus algoritmos generan y explotan vulnerabilidades psicol\u00f3gicas, con efectos especialmente severos en adolescentes. No se trata de una falla del sistema, sino de un funcionamiento previsto.<\/p>\n La condena reciente a Meta \u2014la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp\u2014 en jurisdicciones internacionales por los da\u00f1os causados a la salud mental de menores es un hito significativo. Se\u00f1ala que la responsabilidad de estas empresas no puede seguir siendo eludida bajo el paraguas de la \u00abneutralidad tecnol\u00f3gica\u00bb. Las plataformas tienen capacidad t\u00e9cnica para intervenir: lo demuestran cada vez que aplican sistemas autom\u00e1ticos de detecci\u00f3n y censura de determinados contenidos (como por ejemplo im\u00e1genes de abuso infantil) de manera inmediata y sin necesidad de denuncia previa. Esa misma capacidad podr\u00eda, y deber\u00eda, aplicarse, con un marco regulatorio adecuado, a otros contenidos que generan da\u00f1o comprobable.<\/p>\n Las amenazas en las escuelas como caso paradigm\u00e1tico. Un ejemplo concreto y reciente ilustra esta dimensi\u00f3n: las amenazas difundidas por redes sociales contra establecimientos educativos, que han generado alarma, suspensi\u00f3n de clases y angustia en comunidades escolares de la provincia y del pa\u00eds. Este fen\u00f3meno no se resuelve prohibiendo los celulares en el aula, sino que lo hace, o al menos se atiende seriamente, exigiendo tambi\u00e9n a las plataformas digitales mecanismos de detecci\u00f3n y eliminaci\u00f3n r\u00e1pida de este tipo de contenidos, con la misma eficiencia que aplican en otros casos. Es una demanda que corresponde al Estado nacional, con capacidad regulatoria sobre estas empresas, no a una ley provincial sobre tel\u00e9fonos en el aula.<\/p>\n El rol adecuado del Poder Legislativo<\/strong><\/p>\n Nada de lo anterior implica que el Poder Legislativo deba permanecer inactivo frente a estos problemas. Pero su rol debe ser el que institucionalmente le corresponde: formular marcos generales, interpelar a los actores responsables, promover debates p\u00fablicos, requerir informes, y eventualmente legislar all\u00ed donde existan vac\u00edos normativos que solo la ley puede llenar.<\/p>\n Si los legisladores consideran necesario abordar el uso de celulares en las escuelas, cuentan con herramientas much\u00edsimo m\u00e1s adecuadas: convocar a las autoridades del CGE, abrir audiencias con especialistas en educaci\u00f3n y tecnolog\u00eda, interpelar a organismos nacionales sobre la regulaci\u00f3n de plataformas digitales. Lo que no corresponde es legislar sobre aspectos que forman parte de la esfera de atribuciones del \u00f3rgano aut\u00f3nomo, ni tampoco hacerlo para expresar buenas intenciones sin modificar realidades concretas.<\/p>\n El argumento seg\u00fan el cual otras provincias cuentan con ministerios de educaci\u00f3n y, por ende, centralizan este tipo de decisiones en el Ejecutivo, no resulta trasladable sin m\u00e1s. Entre R\u00edos eligi\u00f3 otro camino, que, lejos de ser una desventaja, constituye una fortaleza institucional. Separar la pol\u00edtica educativa de las l\u00f3gicas m\u00e1s inmediatas de la pol\u00edtica partidaria no solo es deseable desde el punto de vista republicano, sino tambi\u00e9n pedag\u00f3gico. La educaci\u00f3n requiere continuidad, criterios t\u00e9cnicos y estabilidad, no respuestas legislativas espasm\u00f3dicas frente a cada problema emergente.<\/p>\n Conclusi\u00f3n: respetar las instituciones antes de crear nuevas normas<\/strong><\/p>\n En definitiva, el debate sobre los celulares en las escuelas es una oportunidad para discutir algo m\u00e1s profundo: el respeto por la arquitectura institucional de la educaci\u00f3n en Entre R\u00edos, y la necesidad de identificar con precisi\u00f3n las verdaderas responsabilidades ante cada problema.<\/p>\n La autonom\u00eda del CGE no puede ser invocada en abstracto y vulnerada en la pr\u00e1ctica. Ni por v\u00eda administrativa, mediante subordinaciones indebidas al Poder Ejecutivo, ni por v\u00eda legislativa, mediante la invasi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus competencias.<\/p>\n Los celulares en las escuelas no son un problema legislativo. Son un problema pedag\u00f3gico, familiar, tecnol\u00f3gico y regulatorio a escala global. Tratarlo como si fuera lo primero no s\u00f3lo resulta ineficaz, sino que debilita a las instituciones que ya tienen competencia para abordarlo.<\/p>\n Si realmente se pretende mejorar la calidad educativa y proteger a la ni\u00f1ez y la adolescencia ante los entornos digitales, el camino no pasa por legislar m\u00e1s donde ya existen herramientas de actuaci\u00f3n suficientes. Pasa por respetar las instituciones existentes, fortalecer su capacidad de acci\u00f3n, interpelar a las familias en su responsabilidad y exigir a las empresas tecnol\u00f3gicas que asuman, de una vez, las consecuencias de sus dise\u00f1os.<\/p>\n Podemos ahora concluir con lo siguiente: cuando todo se intenta resolver con leyes, lo que puede perderse no es s\u00f3lo eficacia, sino tambi\u00e9n el sentido mismo de la institucionalidad.<\/p>\n Quieren prohibir por ley el uso de celulares en la escuela<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n (*) Jorge Kerz es soci\u00f3logo. Fue presidente del Consejo General de Educaci\u00f3n (CGE).<\/em><\/p>\n \u00a0<\/p>\n \u00a0\u00a0 \u00a0 Por Jorge Kerz (*) \u00a0 En los \u00faltimos d\u00edas ha tomado estado parlamentario y p\u00fablico un proyecto legislativo orientado a restringir -o directamente prohibir- el uso de tel\u00e9fonos celulares en las escuelas de Entre R\u00edos. 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