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\u200b<\/span><\/p>\n \u00a0<\/p>\n Juan Pablo Aguilera y el exgobernador Sergio Urribarri atraviesan una nueva secuela producto de la ejecuci\u00f3n de la condena por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica y peculado. Hace poco m\u00e1s de una semana se encuentran en prisi\u00f3n junto al exministro Pedro B\u00e1ez, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n (CSJN) rechazara los \u00faltimos recursos defensivos y de ese modo confirmara la condena dictada en abril de 2022 por un tribunal local.<\/p>\n Ahora, en el marco de la ejecuci\u00f3n se orden\u00f3 el decomiso de los bienes que permanec\u00edan inmovilizados. Se trata de los inmuebles, veh\u00edculos y dispositivos tecnol\u00f3gicos que constituyeron la empresa Tep SRL, una de las imprentas que tuvo Juan Pablo Aguilera, contratada en variadas ocasiones por parte del gobierno de Entre R\u00edos cuando estaba a cargo de Urribarri.<\/p>\n Durante el juicio oral que se desarroll\u00f3 entre 2021 y 2022, que ventil\u00f3 cinco investigaciones acumuladas por corrupci\u00f3n y se conoci\u00f3 como \u201cmegajuicio\u201d, se confirm\u00f3 que la empresa de Aguilera fue montada al calor del poder pol\u00edtico que amasaba su cu\u00f1ado Urribarri. En efecto, Aguilera consigui\u00f3 en ese momento un cr\u00e9dito del Banco de Entre R\u00edos, con tasas preferenciales, que le permitieron armar las instalaciones, acceder a la maquinaria y poner en funcionamiento la estructura.<\/p>\n Megajuicio: las pruebas que condenaron a Urribarri<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n \u00a0<\/p>\n Por aquellos a\u00f1os, adem\u00e1s de los buenos negocios que consigui\u00f3 la imprenta con el gobierno de la provincia y empresarios afines a la gesti\u00f3n pol\u00edtica de entonces, la firma se sirvi\u00f3 de la colaboraci\u00f3n de agentes p\u00fablicos que desarrollaban tareas para la empresa pero eran remunerados con sueldos del Estado. En ocasiones, las imprentas de Aguilera cobraron contratos con el Gobierno y no cumplieron con los servicios abonados.<\/p>\n La disposici\u00f3n que ordena el decomiso de los bienes, sali\u00f3 del despacho de la Oficina de Gesti\u00f3n de Audiencias (OGA) del Poder Judicial el jueves pasado y fue directo a la Fiscal\u00eda de Estado de la provincia de Entre R\u00edos.<\/p>\n La disposici\u00f3n que ordena el decomiso de los bienes, sali\u00f3 del despacho de la Oficina de Gesti\u00f3n de Audiencias (OGA) del Poder Judicial el jueves pasado y fue directo a la Fiscal\u00eda de Estado de la provincia de Entre R\u00edos. El detalle de bienes a confiscar est\u00e1 contenido en el punto XXII de la sentencia fechada el 7 de abril de 2022.<\/p>\n Seg\u00fan se lee en ese listado, se orden\u00f3 la confiscaci\u00f3n definitiva de bienes inmuebles y muebles, titularidad de Tep SRL y de los imputados. Se trata de los galpones de calle Racedo al 400, el fondo de comercio, transportes, elementos inform\u00e1ticos, t\u00e9cnicos, y de comunicaci\u00f3n que sirvieron para cometer los delitos, en el marco de la causa N\u00b04.385 conocida como \u201cimprentas\u201d o \u201ccausa de la vaca\u201d.<\/p>\n Los inmuebles quedar\u00e1n para el Poder Judicial, seg\u00fan la sentencia de 2022; los veh\u00edculos ser\u00e1n para la Polic\u00eda de Entre R\u00edos; y los elementos inform\u00e1ticos para el Consejo General de Educaci\u00f3n (CGE), para ser asignados a las instituciones educativas.<\/p>\n \nEl listado es el siguiente:<\/strong><\/p>\n a) Inmueble ubicado en calle Racedo 415, de Paran\u00e1, partida provincial N\u00ba101426651, partida municipal N\u00ba 63031, matr\u00edcula 144102;<\/p>\n b) inmueble ubicado en calle Racedo 409,de Paran\u00e1, partida provincial N\u00ba1015028249, partida municipal N\u00ba14909, matr\u00edcula 144101; de los siguientes veh\u00edculos:<\/p>\n a) motoveh\u00edculo 208 IG, marca Zanella, modelo ZB 100;<\/p>\n b) veh\u00edculo dominio EPT 951, marca Ford, modelo F4000D; y<\/p>\n c) veh\u00edculo dominio OJZ 720, marca Citro\u00ebn, modelo Berlingo Furg\u00f3n 1.6 HDI Business<\/p>\n Otros muebles<\/strong><\/p>\n En el juicio, la fiscal\u00eda hab\u00eda sugerido un destino para cada cosa: los inmuebles para el Poder Judicial, los veh\u00edculos para la Polic\u00eda de Entre R\u00edos y las computadoras para el Consejo General de Educaci\u00f3n. El tribunal no fij\u00f3 ese reparto. Se limit\u00f3 a ordenar que, una vez firme la condena, todo quedara \u00aba disposici\u00f3n del Estado provincial\u00bb. Definir qu\u00e9 har\u00e1 con las imprentas de calle Racedo ser\u00e1, ahora, una decisi\u00f3n del Ejecutivo.<\/p>\n Los embargos siguen<\/strong><\/p>\n El oficio deja constancia de otro punto que la fiscal\u00eda pidi\u00f3 remarcar: \u00abEn la presente causa se encuentran vigentes las medidas cautelares trabadas sobre los bienes de los imputados a los fines de la reparaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb. Ya en la sentencia el tribunal hab\u00eda rechazado el pedido del abogado Esteban D\u00edaz de levantar el 50 por ciento de los embargos. El decomiso alcanza a los bienes de la empresa; la reparaci\u00f3n del da\u00f1o al Estado es un reclamo distinto, y las trabas sobre el patrimonio de los condenados lo respaldan.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n \u00a0<\/p>\n Fuente: An\u00e1lisis<\/strong><\/a><\/p>\n \u00a0\u00a0 Juan Pablo Aguilera y el exgobernador Sergio Urribarri atraviesan una nueva secuela producto de la ejecuci\u00f3n de la condena por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica y peculado. 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