La norma prohíbe la venta y cambio de uso de tierras incendiadas por un plazo de entre 30 a 60 años para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios. De Ángeli impulsa su derogación. Ayer se iba a abordar, pero en ese momento la sesión se quedó sin quórum. Para De Ángeli la ley es inconstitucional y “viola el derecho de propiedad”.