Agustín Greco, el abogado querellante en la causa penal que investiga las dos muertes ocurridas el 30 de diciembre de 2025 en un local de comidas de la ciudad de Victoria, pedirá el cambio de carátula y la imputación de las tres personas sospechadas de regentear el local que, se sospecha, no tenía habilitación municipal para funcionar.
La investigación penal está a cargo del fiscal Eduardo Guaita, de la Unidad Fiscal de Victoria, e investiga la posible comisión del delito de estrago; los dueños del lugar están sujetos a proceso, aunque de momento no han sido indagados.
El querellante pretende que el caso se caratule como «Estrago culposo, doloso, seguido de muerte», y que sean imputados los responsables del local de comidas.
En aquel incendio del 30 de diciembre murieron Agustina Magalí Cabrera, de 20 años, embarazada de cinco meses, y de Natalí Ayelén García, de 39 años, madre de dos niños. Luego del trágico final de las dos mujeres, ocurrió el suicidio de Fabricio Mansilla, 23 años, pareja de Agustina Cabrera.
Los hechos ocurrieron en el local Cosa Rica Fast Food, ubicado en calle Matheu, entre 9 de Julio y Camoirano, en Victoria.
Incendio mortal en Victoria: «Queremos que paguen los responsables»
De acuerdo a lo que ha dicho Agustín Grecco, el abogado querellante en la causa, “ese local no debería funcionar, lo que estaba habilitado era el carribar, no el garage. Desde la pandemia no estaba habilitado. Trabajaban en negro, sin seguro, sin ropa adecuada y en condiciones no aptas para un local de producción de alimentos”.
“El local no contaba con salida de emergencia ni a pesar que trataron de introducirlo mediante testimonio que había matafuegos. Nunca se encontró el mismo posterior al incendio. Si hubiese estado, quedaría el rastro. Es hierro fundido, el fuego no lo destruye”, señaló a Entre Ríos Ahora el abogado querellante.
De momento, el único sospechado es Ramón Alberto Mansilla, dueño del local incendiado. Pero la querella ha pedido también la imputación de Verónica Bernachea, pareja de Mansilla, y de la hermana, que cumplía el rol de encargada del local, Yocelin Bernochea.
«Yo soy panadero -contó Gustavo Zapata, esposo de Natalí-. Para trabajar en un lugar donde se manipulan alimentos, lo mínimo que tiene que tener es una libreta de sanidad, que ahora se llama carnet de manipulación de alimento. Y acá, todas las chicas que han trabajado ahí, todas, ninguna ha tenido carnet de manipulación. El lugar no estaba habilitado. Nosotros no queremos que esto se diga que es política, que lo que estamos haciendo es política. Acá hubo negligencia humana, como yo les digo, y se lo dije en la cara a todos. Acá por un torpedo, por una gaseosa, por muchas cosas, en distintos ámbitos laborales, nos callamos la boca, hacemos la vista gorda, no controlamos. Y pasa esto. No fue un accidente, porque esto se hubiese podido prevenir si quienes tenían que controlar, hubiesen controlado. Se sabía que ese lugar no tenía habilitación municipal, partamos de esa base. Si hubiera habido control, las chicas hubiesen trabajado en condiciones mejores en las que estaban. Estamos muy enojados con la intendenta. Las dos familias hicimos una nota pidiendo explicaciones a la Municipalidad y se la queríamos entregar en mano a la intendenta. Nos dijeron que estaba en Paraná por un tema de salud. Eso fue el lunes. El martes nos recibe el viceintendente, y nos dice lo mismo: que la intendenta estaba en Paraná. Pero después nos enteramos que la señora intendenta no estaba haciéndose los temas de chequeos médicos, ni nada de eso, sino que estaba en Brasil, pasando sus vacaciones. Está en su derecho, como todo trabajador. Pero creo que no es el momento. Lo mismo el fiscal, que comenzó a trabajar en el caso el 30 de diciembre, y el 31 ya empezó la feria (se refiere a Eduardo Guaita, de la Unidad Fiscal de Victoria). Podría haberse tomado las vacaciones en otro momento y seguir con la causa. Nosotros enterramos los cuerpos en el Cementerio el 31 y a la noche acá se hizo una gran fiesta, en la zona de playas, y hubo como 5.000 personas. No tuvieron la dignidad por lo menos de decretar dos días de duelo. Eso hubiese significado tener que suspender esa fiesta, que fue organizada por la expareja de la intendenta.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora
Agustín Greco, el abogado querellante en la causa penal que investiga las dos muertes ocurridas el 30 de diciembre de 2025 en un local de comidas de la ciudad de Victoria, pedirá el cambio de carátula y la imputación de las tres personas sospechadas de regentear el local que, se sospecha, no tenía habilitación