La cordobesa Alejandra Monteoliva, digna sucesora de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación, protagonizó ayer un nuevo capítulo de la larga serie de criminalización de la protesta social que ya es habitual en la derecha autóctona, al anunciar que su cartera denunciará por “terrorismo” a un puñado de manifestantes detenidos el miércoles durante la masiva movilización en la Plaza Congreso para rechazar la destrucción de derechos laborales que trataba el Senado.