Pablo no le encuentra explicación a la actitud que ha tenido la Iglesia Católica de Paraná con las víctimas –él es uno de los tres que denunciaron en la Justicia- de los abusos cometidos por el sacerdote José María López, ahora encarcelado en la Unidad Penal de Paraná, condenado en 2023 a ocho años y seis meses de cárcel por abuso y corrupción de menores.
Después de la condena penal, siguió la demanda civil, y la curia puso al arzobispo emérito Juan Alberto Puiggari a negociar. El actual jefe de la Iglesia de Paraná, Raúl Martín, dejó a Puiggari para que «negocie» con las víctimas. Va de suyo, la negociación se estancó en un punto: la Iglesia no reconoce los estragos provocados por uno de los suyos en tres adolescentes que iniciaron su vida religiosa a la sombra de un sacerdote que, pronto sabrían, era un depredador sexual. Tampoco asume la obligación de reparar el daño. Las víctimas pusieron una cifra, la Iglesia la rechaza.
Así, 2025 se ocupó en sucesivas mediaciones que llegaron a un punto ciego: fracasaron.
Ahora, el asunto se deberá dirimir en Tribunales, con una demanda civil.
“Básicamente, lo que sucede es que la cifra de indemnización que nosotros pedimos, ellos no están dispuestos a afrontarla. No quieren pagar. No hubo voluntad de arreglar, y la mirada de ellos no está centrada en acompañar a las víctimas, y sí está centrada en la plata”, dice Pablo, durante una entrevista con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.
Luego, agrega: “Tanto Puiggari como el actual arzobispo, Raúl Martin, no muestran intención o acompañamiento alguno. No hay de parte de ellos el querer acompañar a la víctima; sí están muy preocupados por no perder la demanda. No tienen problemas en pagarles plata al abogado de la Iglesia para que frene la demanda con tal de no pagar plata a la víctima. Se ve que les duele a ellos, no sé por qué”.
-¿Cómo fue el proceso previo de la mediación? ¿Hubo acompañamiento a las víctimas?
-Nosotros confiamos en la Iglesia. Confiamos en que iban a hacer algo. Pero desde 2019, cuando presenté mi caso, hasta 2023, cuando fuimos a la Justicia, no hicieron nada. Seguramente nos mentían. Un día Puiggari me escribió por whatsapp para contarme que al cura había perdido el estado clerical. Fue poco serio. Después de haber hecho el proceso que hicimos, esperaba una comunicación más formal. En vez de eso, mandaron un whatsapp. La estrategia fue siempre tapar el caso, no visualizarlo, como pasaba antes. No tengo drama en luchar y exponer esto, pero en general las víctimas no quieren salir a la luz. Son personas que se quieren guardar en la oscuridad, ya están cansados de la exposición pública, y termina ganando la batalla esta institución. Yo quiero luchar, y yo quiero visibilizar este caso. Y ha sido positivo, porque han aparecido otros casos y otras víctimas. Hay gente que se ha animado a denunciar. Y además, la Justicia ha acompañado: denunciamos en agosto de 2023 y en diciembre de ese año el cura estaba preso.
-¿Estás confiado en que va a prosperar el proceso civil?
-Sí, tengo confianza. Hemos demandado al Arzobispado, al cura, al Episcopado y a las parroquias donde ocurrieron los hechos. Todas esas instituciones también están demandadas y bueno, alguno de ellos tendrá que responder a este daño. En la calle, si uno choca a alguien o tiene un accidente, lo que intenta es al menos pasarle el número de seguro, indemnizarlo, arreglar, intentar reparar el daño. Eso no estaría pasando en este caso. Acá hay que sacarle a la fuerza la reparación, la indemnización económica. No están queriendo reparar, no se están queriendo hacer cargo de los daños provocados, o en todo caso quieren minimizar todo. “No es para tanto”, dicen. Este es el primer caso de abuso en la Iglesia en el cual el sacerdote acepta su esponsabilidad, pidió disculpas, y fue preso. Y ellos no quieren reparar, no están queriendo reparar, y eso habla muy mal de ellos, pero tarde o temprano van a tener que reparar. Yo tengo la esperanza que algún juez va a fallar a nuestro favor, y que vamos a obtener una indemnización que al menos nos permita reparar parte del daño provocado.
-Sin embargo, ustedes confiaron en la Iglesia. Denunciaron los abusos en 2019, esperaron y cuando no hubo respuestas, en 2023 fueron a la Justicia. No hubo acompañamiento antes ni ahora.
-No, nunca hubo acompañamiento. Es más, hasta podría decir que hubo persecución, pero acompañamiento, no, jamás. En ningún momento se mostraron interesados en acompañar a la víctima. Hubo gente en la Iglesia que, cuando el cura fue condenado, salieron a decir que la víctima era él.
-Se da que algunos denunciantes después soportan persecución, sobre todo en el caso de aquellos que trabajan en ámbitos educativos de la Iglesia.
-Sí, tal cual. En mi caso, me han renovado los contratos. Pero te encontras con miradas que no te ven como alguien valiente que se animó a denunciar y que se animó a pelear con la institución, sino es la imagen de alguien que está haciendo quilombo, que está queriendo romper algo. A veces, eso genera discriminación.
El camino
Diego, M. (prefiere que se preserve su identidad), Pablo, las tres víctimas de los abusos sexuales del cura José María López -fue párroco, entre otros lugares, en San José Obrero y Nuestra Señora de Luján, en Paraná, y en San Miguel, de Bovril- iniciaron el camino de la demanda civil a la iglesia de Paraná después de una trabajosa mediación que timoneó, en representación de la curia, el arzobispo emérito Juan Alberto Puiggari pero que no llegó a ningún acuerdo.
Sin arbitraje posible, lo que siguió es la demanda civil: hay tres expedientes abiertos en los juzgados civiles N° 1, N° 2 y N° 5. Las demandas, por una monto de $300 millones por cada uno de las tres víctimas de los abusos del cura López, no sólo alcanzan al Arzobispado de Paraná y a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), sino también al propio sacerdote -que ya perdió el estado clerical y cumple condena a 8 años y 5 meseses de cárcel en la Unidad Penal de Paraná- y a las dos parroquias en las que ocurrieron las agresiones sexuales, San José Obrero, de Paraná, y San Miguel, de Bovril.
Las denuncias en la Iglesia empezaron en 2019. Pero la Justicia tomó nota cuando tres de las víctimas del cura López acuden por propia voluntad y denuncian los abusos. Eso fue en agosto de 2023. En diciembre de ese año el cura termina condenado mediante juicio abreviado –asumió la culpa de los delitos que se le enrostraron- y es condenado a ocho año y medio de cárcel. Ahora está alojado en la Unidad Penal de Paraná.
El legajo Nº 26.795 fue caratulado así: “López José María s/Abuso sexual gravemente ultrajante, agravado, reiterado”.
En la imputación, que llevó adelante el fiscal Leandro Dato, se lee que el cura López “tanto en la habitación de huésped de la casa parroquial de la Iglesia San José Obrero, sita en calle Avenida Zanni Nº 2640 de la ciudad de Paraná, como también en oportunidades de realizar campamentos en vacaciones hacia Bariloche, El Espinillo, Puerto Madryn, Purmamarca entre otros viajes que realizan juntos (en relación a una de las tres víctimas), y luego de forjar un vínculo de confianza, aprovechándose del fallecimiento de su progenitor”, el cura “le efectuaba tocamientos en el pene y apretaba sus testículos con su mano por debajo de la ropa”.
En el fallo condenatorio, el juez Rafael Martín Cotorruelo, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, anota: “En el caso que nos ocupa, dicho accionar se vio evidentemente facilitado por la especial posición de preeminencia del agresor, debido a su condición de sacerdote y al hecho de que los abusos los perpetraba sirviéndose de ese especial rol, en cuyo marco era visto por las víctimas como una autoridad, encargada de formar, cuidar y contener”.
La acusación al sacerdote se basó en el testimonio de las tres víctimas denunciantes, “quienes dieron cuenta de las formas y circunstancias en que fueron agredidas, corroborando de ese modo la plataforma fáctica sobre la cual se erige la acusación, narraciones que por otro lado aparecen desde la percepción directa, como espontáneas, razonables y por lo tanto, creíbles, a la vez que confirman los extremos contenidos en la imputación”, según la letra de la sentencia condenatoria.
Después de la condena penal, lo que sigue es la demanda civil por parte de las víctimas a la Iglesia Católica, en Paraná y al Episcopado, al propio cura, y a dos parroquias.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora
Pablo no le encuentra explicación a la actitud que ha tenido la Iglesia Católica de Paraná con las víctimas –él es uno de los tres que denunciaron en la Justicia- de los abusos cometidos por el sacerdote José María López, ahora encarcelado en la Unidad Penal de Paraná, condenado en 2023 a ocho