Dos diputadas de bloques distintos de la Cámara de Diputados ingresaron este martes un proyecto de ley que propone derogar el artículo de la Ley Nº 10.068, conocida como Ley de Enganche, que determina que los sueldos del Poder Judicial de Entre Ríos queden automáticamente ligado a los aumentos que disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La autora del proyecto es la diputada del bloque unipersonal del Partido Conservador Popular, Gladys Salinas, y la acompaña su par del bloque de la Alianza Juntos por Entre Ríos, Noelia Taborda. Se señaló que la propuesta “no impide que se otorguen aumentos al Poder Judicial, sino que procura que esas decisiones sean tomadas en Entre Ríos, de acuerdo con la realidad provincial y mediante la intervención de las autoridades responsables de administrar y controlar los recursos públicos”.
Las diputadas consideraron “necesario que la Legislatura recupere una intervención efectiva en todas aquellas decisiones que comprometan el presupuesto provincial. Solo de esa manera podremos garantizar una administración ordenada, responsable y transparente de los fondos que pertenecen a todos los entrerriano”.
Hugo González Elías, exvocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, sostiene que la vigencia de la Ley de Enganche -que prevé que los aumentos salariales que otorga la Corte Suprema de Justicia se traslada automáticamente a los empleados del Poder Judicial de Entre Ríos- no establece una “equiparación”, pero sí asegura “la independencia de la Justicia”.
“Tengo más de 30 años de abogado. He estado más tiempo como abogado que como juez, aunque mi carrera la terminé como juez. Quiere decir que puedo tener una visión amplia de lo que sucede de los dos lados del mostrador. Que el Poder Judicial tenga que ir al Ejecutivo a reclamar por sus haberes, ir y reclamar por las obras, ir y reclamar por la cuestión presupuestaria, es una forma también de debilitar al Poder Judicial”, sostuvo en diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.
“Fíjese que el Poder Judicial es el más débil de los tres poderes del Estado. Es decir, no recauda dinero ni asigna presupuesto, y se sabe que administrar justicia significa movilizar recursos. Pero los jueces deben tener una posición siempre muy prudente. Yo ahora puedo hablar porque estoy jubilado. No pueden decir que algo es ilegal porque están adelantando opinión. Y son recusados”, describe. “Por otra parte -añadió-, los jueces no pueden tener actividad económica y tienen una incompatibilidad absoluta. Esto hay que explicarlo porque hay una batalla comunicacional, no política ni jurídica. Es decir, acá las cuestiones se debaten en lo comunicacional, y ahí alguien como yo, que soy una persona formada en el Derecho, necesita mucho tiempo para desarrollar un concepto, para para explicar de dónde viene. Mientras que en las batallas comunicacionales una frase, una imagen, una foto vale mucho más”.
González Elías apela a la reforma previsional que votó la Legislatura entrerriana. “Con la reforma jubilatoria pasó algo: se publican en un medio las jubilaciones VIP. Usted imagínese que toda discusión que salga después de ese título no va a ser sobre el régimen previsional, va a ser sobre las jubilaciones altas. Pero en realidad, si hubo tanta oposición a la reforma previsional es porque va a perjudicar a todas las jubilaciones, y no solamente a las jubilaciones altas. Entonces, cuando se instala un tema a partir de un aspecto nomás, el que tiene que contestar empieza con desventaja”, planteó.
El exmagistrado plantea lo que denomina como “debilidad” de la magistratura en ese debate comunicación de los temas que se instalan en la agenda pública. Sucede, recuerda, que no todos los jueces disputan en ese terreno, el de las redes sociales, el de la comunicación. Dice: “Hoy por hoy, todos sabemos la importancia que tienen las redes, y hay muchos jueces que no tienen redes justamente por miedo a que se sepa de su vida privada, que se malinterprete una foto, una imagen”.
González Elías entiende que el Poder Ejecutivo provincial tenga la llave de la recomposición salarial para el Poder Judicial pone en desventaja a la magistratura. “Se pone en riesgo la cuestión de la independencia judicial. Cuando a un gobierno de turno le molesta que sean revisadas sus decisiones por el Poder Judicial, cuando ese Poder Judicial tiene que pasar Plaza Mansilla para reclamar por sus salarios queda en una situación de debilidad. Siempre hay críticas a la Justicia, y algunas son justas: el Poder Judicial hace muchas veces mérito para que lo critiquen y eso se puede mejorar mucho. Ahora, la ley de desenganche sale justamente cuando está seguramente pronto por judicializarse la reforma previsional. Pero acá hay más una batalla comunicacional que jurídica o política, que obviamente no es llevada muy de buena fe. A veces la gente tiene sospechas sobre el Poder Judicial, y si esta ley prospera, van a decir: ´Claro, necesitan aumento salarial y por eso no salen algunas sentencias´”, resume el exjuez.
-¿Usted cree que este proyecto, más allá de que fue firmado por dos legisladores, es una iniciativa del Gobierno?
-Lo que yo suponga es irrelevante. Lo que sí es evidente es que esto se está dando en un marco de mucha tensión y que es totalmente inoportuno. Inoportuno por el estado de tensión.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora
Dos diputadas de bloques distintos de la Cámara de Diputados ingresaron este martes un proyecto de ley que propone derogar el artículo de la Ley Nº 10.068, conocida como Ley de Enganche, que determina que los sueldos del Poder Judicial de Entre Ríos queden automáticamente ligado a los aumentos que disponga la Corte Suprema