El Gobierno resolvió aguardar el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) al amparo colectivo presentado por un grupo de padres, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la ONG ambientalista Fundación Cauce para decidir la implementación del nuevo sistema de compra centralizada para proveer de insumos para desayunos y meriendas en los comedores escolares, que licitó y adjudicó a la empresa Teknofood SA.
Se trata de un cambio de estrategia. El viernes 21 de agosto el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná Juan Francisco Malvasio hiciera lugar a aquel amparo colectivo y ordenara al Gobierno que «se abstenga de ofrecer, servir, entregar odistribuir en los establecimientos educativos públicos provinciales dependientes del Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos productos alimenticios no perecederos destinados a desayunos y meriendas que contenganuno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias en los términos del artículo 12 de la Ley N.° 27642, debiendo garantizar en forma simultánea eininterrumpida la provisión de productos no alcanzados por dicha prohibición».
Con ese pronunciamiento, el Ejecutivo decidió no apelar y manifestó en ese primer momento que estaba en libertad de acción para avanzar con el convenio con Teknofood SA. El director de Comedores, Lautaro Azzalini, barajó la posibilidad de que en la primera quincena de septiembre se pusiera en marcha el cambio. Pero ahora dicen que esperarán que la Justicia se pronuncie.
Es que el grupo de padres, Agmer y Fundación Cauce decidieron apelar y el caso está a resolución del STJ.
El juez Malvasio había dicho que lo resuelto «no importa -como se dijo. que este Tribunal se arrogue facultades de gestión que la Constitución reserva al Poder Ejecutivo. El control aquí ejercido se ciñe a un juicio de legalidad estricto, circunscripto a la verificación del cumplimiento de un mandato legal puntual, previamente definido por el legislador». Y agregó: «Es precisamente esa verificación -el control de que la Administración se sujete a la ley y, en particular, a los derechos de quienes gozan de protección constitucional- la función que la Carta Magna encomienda a la magistratura. No juzgar sería, en este caso, la verdadera abdicación de una atribución propia. Ese mandato -la exclusión de productos con sellos de advertencia frontal en los entornos escolares- no constituye una formalidad normativa prescindible o postergable según las conveniencias de la gestión administrativa. Es la expresión concreta de una política de salud pública dirigida a sujetos de tutela constitucional reforzada, cuyo cumplimiento no admite matices ni excepciones fundadas en razones de conveniencia práctica».
Mediante la Licitación Pública N° 02/26, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, el Poder Ejecutivo adjudicó la provisión de insumos para comedores a la firma Teknofood SA, mediante la compra centralizada y ya no con el giro de fondos a los directores de escuela, un mecanismo que se pensó permitirá “ajustar la provisión a la matrícula y asistencia escolar concreta de cada período, evitando compras excesivas o subejecuciones, dotando de flexibilidad y eficiencia al gasto público, garantizando la continuidad del servicio alimentario y asegurando que el Estado sólo erogue por las prestaciones realmente requeridas”.
El decreto de adjudicación N° 1.983/2026 fijó el importe total general de la oferta adjudicada, calculado de acuerdo con las cantidades máximas estimadas para los ciclos lectivos 2026 y 2027: $101.726.784.000. Aunque el decreto de llamado N° 852/2026 estimó una inversión de $42.669.617.445. Y el precio unitario adjudicado es de $1.600 por ración de alimento De acuerdo con el importe total general ($101.726.784.000) y el precio unitario por ración ($1.600), las cantidades máximas estimadas para ambos ciclos lectivos (2026 y 2027) ascienden a aproximadamente 63.579.240 raciones.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora
El Gobierno resolvió aguardar el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) al amparo colectivo presentado por un grupo de padres, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la ONG ambientalista Fundación Cauce para decidir la implementación del nuevo sistema de compra centralizada para proveer de insumos para desayunos y meriendas