Acá no sobra nada: el INTA desvinculó a una científica que llevaba años investigando la huella de los agroquímicos en Argentina. La resolución llegó tras un sumario administrativo que, según el organismo, se apoyó en supuestas irregularidades administrativas.
Entre los motivos esgrimidos figuran el uso de fondos, la presunta inobservancia de la vía jerárquica, cambios en el protocolo bioético y la centralización de análisis en laboratorios extranjeros. También se mencionó la participación de un colaborador sin designación formal para inspeccionar datos confidenciales.
La investigadora rechazó de plano las imputaciones y advirtió sobre un trasfondo político: “No hay nada en claro que justifique el hecho de apartarme de la administración pública. Lo que quieren es generar miedo para que el resto de los investigadores se autocensuren; quieren que se dejen de investigar los temas verdaderamente importantes, los temas sensibles”.
“Con mi abogado agotaremos la vía administrativa para que se abra la puerta de la vía judicial”, remarcó la especialista para evitar que le quiten su identidad científica. La vía administrativa se agotó este lunes con la resolución de su despido.
Mirá la paradoja: el propio INTA celebró en 2020 la incorporación del equipo al consorcio internacional SPRINT, financiado con 14 millones de euros por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea. En ese momento, el acuerdo fue presentado como un motivo de orgullo institucional.
Esos recursos internacionales permitieron al equipo liderado por Aparicio adquirir insumos críticos para analizar la presencia de más de 200 plaguicidas en los sistemas productivos locales. La investigación pública quedó, según los impulsores del proyecto, en la vanguardia de los estudios sobre salud ambiental y humana.
El malestar de las autoridades creció cuando los avances del proyecto comenzaron a mostrar datos cuantitativos sobre la llamada “ruta del plaguicida”. El equipo documentó la presencia de mezclas de agroquímicos en muestras de suelo, cursos de agua, materia fecal, orina y sangre.
Los estudios también confirmaron que los productores convencionales presentan concentraciones significativamente mayores de estos compuestos en comparación con quienes implementan modelos agroecológicos. Esa diferencia convirtió el trabajo en un punto sensible para el modelo productivo.
A pesar de que los fondos de la subvención ingresaron formalmente a las cuentas del INTA y contaron con auditorías favorables en Argentina y Europa, las presiones se intensificaron. Primero llegó la prohibición de realizar reuniones explicativas con productores en 2023, luego el retiro del país del proyecto en 2024 y, por último, el sumario administrativo.
La comunidad científica calificó la medida como un grave atropello y un peligroso precedente. Diversas organizaciones, académicos e instituciones impulsaron una masiva carta de rechazo en defensa de la ciencia pública y de la libertad de investigar.
El respaldo apuntó a la trayectoria de la especialista, acreditada internacionalmente por la base bibliográfica Scopus con 91 artículos publicados, 270 coautorías y más de 3100 citas en la literatura especializada. Para quienes la defienden, los cuestionamientos burocráticos sobre SPRINT funcionan como un pretexto formal para acallar evidencias incómodas.
Acá no sobra: la decisión deja abierto un debate sobre el lugar de la ciencia pública y la libertad de investigar en un país donde los agroquímicos forman parte del modelo productivo. El caso también pone en el centro la tensión entre gestión administrativa, independencia investigativa y el impacto ambiental sobre la población.
El INTA desvinculó a una científica que lideró estudios sobre plaguicidas en suelos, agua, orina y sangre. La investigadora denunció un trasfondo político para frenar la ciencia pública.