Mirá el detalle: la salud del presidente volvió a entrar en la arena política, pero no con un parte médico: con una respuesta formal del Gobierno ante el pedido de ATE. La disputa no es menor: toca el límite entre la vida privada del jefe de Estado y la exigencia de transparencia que reclama un gremio nacional.
El Estado respondió que Javier Milei “ostenta el cargo de elección popular, conforme a los términos y requisitos previstos en la Constitución Nacional”. La nota, firmada por Laura Zuvanic, directora general de Recursos Humanos de la Secretaría de Presidencia, no mencionó certificados médicos en el texto citado. Ese fue el eje de la queja sindical: el gremio quería saber si el mandatario se encuentra en condiciones de ejercer la primera magistratura.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, consideró que la respuesta oficial es “incompleta y evasiva” y escribió que el sindicato cree que no cumple con “los requisitos legales mínimos”. Aseguró que la salud presidencial “no es un asunto privado, es un asunto de Estado” y advirtió que la contestación “genera más rumores que certezas”. Para el gremio, faltaron estudios complementarios o certificados firmados por los profesionales intervinientes.
El pedido original data de septiembre, cuando el Consejo Directivo de ATE solicitó ante Jefatura de Gabinete y Presidencia de la Nación información sobre la aptitud psicofísica del jefe de Estado. En ese marco, Aguiar comparó la exigencia con los exámenes médicos preocupacionales que deben atravesar los empleados públicos para ingresar al Estado. La pregunta, entonces, quedó planteada en términos simples: si el ingreso al empleo público exige un chequeo, ¿por qué la máxima autoridad política y administrativa no debería rendir cuentas sobre su aptitud?
La respuesta llegó por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, hermana del mandatario. Ese dato amplía la tensión: la respuesta no salió desde un área menor, sino desde la Secretaría General de la Presidencia, un espacio vinculado a la jefatura del Estado. La disputa vuelve a plantear una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega el derecho a saber sobre la aptitud del presidente?
Aguiar pidió que se “demuestren” las condiciones de salud de Milei y citó episodios de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, cuando existieron partes médicos oficiales firmados por equipos de hospitales y fundaciones. En su argumento, esos antecedentes mostraban que un presidente puede informar sobre sus tratamientos. La diferencia, según el gremio, está en la exigencia de transparencia que debería regir para quien ocupa la primera magistratura.
El dirigente sindical cerró con una frase que volvió a poner el foco en la presencia del presidente: “Si el Presidente está bien, que empiece a ir a la Casa Rosada a cumplir con su función”. ATE sostuvo que no alienta especulaciones sobre la salud presidencial, pero consideró que la respuesta oficial “genera más rumores que certezas”. Ahí se concentra la polémica: el gremio no afirma una enfermedad, pero exige que el Estado brinde certeza.
La polémica no se resuelve con una frase constitucional. Si el Estado defiende la idoneidad del presidente, la duda queda instalada en el debate público; si el gremio reclama transparencia, la tensión se mantiene. En el medio, la sociedad observa: acá un jefe de Estado también es un cargo, y los cargos exigen cuentas.
El Gobierno respondió a ATE sobre la aptitud de Milei. El gremio la calificó de incompleta y evasiva y pidió certificados médicos.